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Como el Ministerio del Interior tenía noticias de qué cubano era desafecto o un apestado, se implantó el trabajo obligatorio como forma de reeducación. “El trabajo los hará hombres”, era el cartel que aparecía a la entrada de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), los campos de concentración que el gobierno castrista creó el 19 de noviembre de 1965, a los pocos días de cerrarse el puerto de Camarioca.

En los tres años que duró aquel experimento, por allí pasaron unos 25.000 hombres, básicamente jóvenes en edad militar, entre los cuales había religiosos, homosexuales y hippies, los nuevos apestados del sistema totalitario. “Las alambradas, las torres de vigilancia, y los barracones son análogos a los que popularizaron Lenin, Stalin y Hitler”. Son palabras del sacerdote católico Carlos Manuel de Céspedes.

Paralalemente a la creación de las UMAP, se establecieron campos de trabajo forzado en la agricultura, en régimen paramilitar, a los cuales serían enviadas las personas que manifestaban su deseo de emigrar. El trabajo agrícola era condición para otorgar el permiso de salida, y muchos de los que intentaron evadir esos trabajos eran condenados a prisión.

En 1968, en plena Ofensiva Revolucionaria, el gobierno bautizó los campos de trabajo forzado con un nuevo nombre. Los llamó Campamentos de Apátridas y los mantendría en vigor hasta mediados de los 70. Decenas de miles de cubanos pasaron por esa suerte de gulag castrista, básicamente hombres que sobrepasaban la edad del servicio militar obligatorio. A los varones entre 15 y 26 años no se les permitía emigrar. Por lo general, las mujeres sin hijos menores de 7 años eran enviadas a granjas avícolas en un régimen menos severo.

El departamento de orden público de esos campos llevaba un estricto control de cada ciudadano, y vigilaba con especial interés “los casos de homosexualidad”.

En Diario para Uchiram, Julia Miranda reproduce íntegramente el Reglamento para Campamentos de Apátridas (se puede consultar y descargar en PDFí). Cito aquí fragmentos:

“La organización de los albergues será semi-militar. Los elementos se formarán por escuadras, pelotones y compañías. (…) [El jefe de brigada] llevará  (…) una libreta de orden alfabético donde consten los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección exacta, oficio, edad, si padece alguna enfermedad, y al reverso le señalará los pases otorgados, y las cortes disciplinarias a las que fue sometido [cada miembro de la brigada]. (…) Los miembros de la brigada (albergue) están obligados a desempeñar las labores a ellos encomendadas, rendimiento al máximo de productividad y calidad”.

En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigió comunicados al gobierno cubano solicitando el cese de las actividades represivas contra los que se planteaban emigrar.

El régimen de La Habana siempre respondió con el silencio, y continuó despidiendo de sus puestos de trabajo a los solicitantes de permisos de salida y enviándolos a desempeñar labores agrícolas obligatorias, con excepción de los médicos, que permanecerían en constantes guardias localizables y sin derecho reconocido al descanso.

Muchos médicos pendientes de su “liberación” vivieron en esa pesadilla durante una década. Personas de otras profesiones, incluidos los funcionarios, también afrontarían serias limitaciones para emigrar.

Refugiados cubanos reparten alimentos a los recién llegados a la Florida, durante el Éxodo de Camarioca, 1965. Foto de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los apátridas

La palabra “apátrida” ha quedado como una de las formas de insulto que peor utiza la dictadura cubana para referirse a todos los nacionales identificados como contrarios a la revolución. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de la ONU, ese término designa “a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

Antes de amenazar con retirar la nacionalidad, el gobierno cubano puso en ejecución —como medida de represión política— la cancelación y retirada de pasaportes a residentes en el extranjero. Si bien esos actos no dan constancia per se de que se haya producido una pérdida legal de nacionalidad, el solo hecho de no poder contar con documentación del país del que un ciudadano es originario, colocaba a la persona en un estado de indefensión jurídica, cercana a la apatridía.

El gobierno cubano nunca ha revelado cifras de a cuántos ciudadanos les retiró efectivamente la nacionalidad, abandonándolos como apátridas. Lo que sí hay constancia es del cuño de “salida definitiva” estampado en los pasaportes de los nuevos apestados. Y también de que existieron Campamentos de Apátridas para ciudadanos cubanos dentro de su propio país.

En los años 70, la CIDH se interesó por la suerte de varias personas con doble nacionalidad por nacimiento, la cubana y la estadounidense, a los que se les impedía salir del país. Después de varios años retenidos, el régimen los obligó a renunciar a la nacionalidad cubana, como requisito para autorizarles la salida.

La CIDH emitió una resolución en la que denunció el asunto como un “caso grave y reiterado de violación de los derechos de justicia y de protección contra la detención arbitraria, consagrados en los Artículos VIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.

Con la Constitución Socialista de 1976, el régimen se consagró a sí mismo en el poder, y estableció la discriminación como política de Estado, intentando dar viso legal a todas las arbitrariedades ejercitadas desde los tempranos días de enero del 59. El derecho de cada cubano a entrar y salir libremente de su país, se esfumó, como por arte de magia, también de la nueva Ley de leyes.

Dispuesto a superarse siempre, el gobierno de Fidel Castro quedaba facultado para inaugurar los actos de repudio televisados y la deportación de ciudadanos. Así hizo durante el  éxodo del Mariel. Desde entonces, nunca les han faltado personas indefensas a las que golpear. Ni otras a las que deportar.

Publicado en Diario de Cuba.